La acción popular fue presentada por los diputados Quispe y Santamaría después de la arremetida de los choferes contra pasajeros del PumaKatari.
Las agresiones de los choferes sindicalizados contra la población, con golpes, chicotazos y el destrozo de sus vehículos quedan prohibidos y los infractores serán pasibles de un proceso penal, según el fallo de la acción popular definida ayer en La Paz. Los dirigentes del sector anunciaron que “analizarán” el contenido jurídico del fallo para presentar una apelación.
La acción popular interpuesta contra los bloqueos y las agresiones en las que incurren los choferes en sus movilizaciones contra la población quedaron prohibidas, de acuerdo al fallo emitido por la Sala Constitucional Primera de La Paz.
“Se respeta el derecho a la protesta, a la huelga, pero lo que no pueden es chicotear, apedrear movilidades privadas o públicas, eso está completamente prohibido desde ahora, es un fallo de cumplimiento inmediato. Si en la próxima reunión con el alcalde intentan bloquear, tienen una sanción penal”, afirmó el diputado Rafael Quispe, quien presentó el recurso legal junto a su colega Wilson Santamaría.
Por su lado, el dirigente de los choferes Rubén Sánchez minimizó el contenido del fallo y anunció que analizarán la posibilidad de una apelación con su equipo jurídico. “Con este fallo, lo que se está exhortando a la dirigencia (de los choferes) es dar paso (durante los bloqueos) a los vehículos particulares (cuando realicen manifestaciones), nosotros vamos a considerar esto”, sostuvo Sánchez a su salida de los tribunales de justicia.
La acción popular fue interpuesta por los legisladores luego de los violentos ataques que el 25 de agosto protagonizaron los sindicatos de minibuseros, quienes armados de piedras y palos agredieron a vecinos y rompieron vidrios de los buses de transporte municipal PumaKatari, que estrenaba ruta en la zona Achumani.
“El derecho a la huelga, a la protesta están garantizados, pero la lectura del fallo ha sido clara y por fin se ha sentado un precedente de que bloquear no es un derecho, perjudicar la libre transitabilidad pone en riesgo el ejercicio de otros derechos” , señaló el diputado Santamaría.
La audiencia se instaló a las 16:00 y las calles del Tribunal Departamental de Justicia quedaron bloqueadas por los choferes que se apostaron con sus pancartas en vigilia durante la audiencia. “Los choferes creen que todo es por la fuerza, prueba de ello, y considero que es un grave error, hoy se vinieron (a juzgados) con un gran tumulto de gente para forzar un fallo”, aseguró.
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